Columna
Semanal de Amy Goodman,
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que quieran emitir el audio.
Publicado el 4 de noviembre de 2009
Por Amy Goodman
“Rendición extraordinaria”,
o entrega extrajudicial, es el eufemismo que utiliza la Casa Blanca
para referirse a un secuestro. Si no lo cree, pregúntele a Maher Arar,
un ciudadano canadiense que fue “extraditado” por Estados Unidos a
Siria, donde fue sometido a torturas durante casi un año.
Esta
semana, el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos del
Segundo Circuito Judicial, en la Ciudad de Nueva York, desestimó una
causa entablada por Arar contra las autoridades gubernamentales
(incluido el Director del FBI, Robert Mueller, el ex Secretario de
Seguridad Nacional, Tom Ridge, y el ex Fiscal General, John Ashcroft)
que presuntamente habrían conspirado para secuestrarlo y someterlo a
torturas.
Arar se encuentra hoy a salvo en Canadá, recuperándose
junto a su familia. Pero con esta decisión el Poder Judicial está
enviando una señal al gobierno de Obama de que no intervendrá para
detener los brutales excesos de la “Guerra Mundial contra el
Terrorismo” iniciada en la era Bush. Deja así intactas prácticas tales
como la entrega extrajudicial, la tortura y el empleo del ‘privilegio
del secreto de Estado’ para ocultar estos crímenes.
La trágica
odisea que protagonizó Maher Arar es uno de los casos más conocidos y
el que más a fondo se ha investigado de las víctimas de la “rendición
extraordinaria” practicada por Estados Unidos. En el año 2002, Arar fue
de vacaciones a Túnez junto a su familia. El 26 de septiembre, cuando
viajaban de regreso a Canadá, al hacer escala en el aeropuerto
internacional JFK, en la ciudad de Nueva York, Arar fue interceptado
antes de que pudiera abordar su avión y quedó detenido por
averiguaciones. Le tomaron las huellas digitales y fue registrado tanto
por oficiales del FBI como del Departamento de Policía de Nueva York.
Cuando solicitó un abogado, le dijeron que no tenía ningún derecho.
Luego fue trasladado a otro lugar, donde se lo mantuvo incomunicado,
sin comida ni asesoramiento jurídico, y se lo sometió durante dos días
a interrogatorios agresivos. En los interrogatorios se le preguntó
sobre su supuesta afiliación a diversos grupos terroristas, y sobre
Osama bin Laden, Irak y Palestina, entre otras cuestiones. Al cabo de
esos dos días fue llevado encadenado a un centro de detención federal
de máxima seguridad de Brooklyn, ciudad de Nueva York, donde fue
sometido a un cacheo al desnudo y amenazado con ser deportado a Siria.
Arar
pidió que no lo deportaran a Siria, su país de origen, porque allí
seguramente sería torturado. Pero, tal como argumentarían
posteriormente los abogados de Arar, eso era precisamente lo que sus
captores esperaban que pasara. Finalmente se le permitió a Arar hacer
una llamada y pudo comunicarse con su suegra, que le consiguió una
abogada y la visita de un funcionario del Consulado canadiense. Durante
casi dos semanas las autoridades estadounidenses lo amenazaron con la
expulsión a Siria si no confesaba sus vínculos con el terrorismo. Pero
no lograron obtener la confesión que buscaban. Arar negó una y otra vez
tener algún tipo de relación con el terrorismo. Hasta que un fin de
semana, en medio de la noche fue llevado a la fuerza y encadenado a un
jet privado contratado por la CIA y, sin ningún tipo de trámite
migratorio ni una llamada a su abogada o al Consulado canadiense, fue
trasladado a Jordania, donde fue entregado a las autoridades sirias.
Durante
10 meses y 10 días, Arar permaneció encerrado en una oscura, húmeda y
fría celda del tamaño de una tumba. Fue azotado con gruesos cables
eléctricos y golpeado reiteradamente; lo obligaron a escuchar las
torturas a otros prisioneros; lo mantuvieron sin comida; y lo
amenazaron con choques eléctricos y otras atrocidades. Cuando ya no
aguantó más la tortura, mintió y confesó que había sido entrenado como
terrorista en Afganistán. Un buen día, después de casi un año, fue
liberado de repente y entregado a Canadá, con casi 20 kilos menos y
emocionalmente quebrado.
El gobierno canadiense, bajo la
conducción del Primer Ministro conservador Stephen Harper, realizó una
investigación, en la que determinó su propia culpabilidad por haber
entregado información inexacta al FBI, y llegó a un acuerdo con Arar,
que consistió en una disculpa y una compensación de 10 millones de
dólares. El gobierno estadounidense, por su parte, no ofreció disculpa
alguna. Ni siquiera eliminó a Arar de la lista de sospechosos de
terrorismo. Arar tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos y hace dos
años tuvo que prestar un testimonio ante el Congreso a través de una
videoconferencia.
Arar dijo: “Estos últimos años han sido una
pesadilla. Poco a poco, desde que volví a Canadá, mis heridas físicas
han ido sanando; pero sigo sufriendo a diario las secuelas mentales y
psicológicas que me dejó esa terrible experiencia. Sigo sufriendo de
pesadillas y revivo constantemente lo que padecí. No soy la misma
persona que era antes. Mi deseo es poder trasmitir al mundo lo frágil
que se han vuelto nuestros derechos humanos y cuán fácilmente los
mismos gobiernos que han jurado protegerlos nos los pueden usurpar.”
Dados
los excesos del gobierno de Bush y las promesas de cambio de Barack
Obama, muchos se han sorprendido de que estas políticas continúen en
pie y que el Congreso y el Poder Judicial no hayan cerrado este
capítulo de la historia estadounidense. El Presidente Obama no ha
condenado en ninguna oportunidad la práctica de rendición
extraordinaria. La abogada de Arar, Maria LaHood, del Centro por los
Derechos Constitucionales, calificó de “escándalo” la decisión judicial
contra Arar: “Esta decisión es de una amplitud tal que nos afecta a
todos. Básicamente, lo que implica es que si el gobierno federal decide
tomar acciones con el argumento de proteger la seguridad nacional,
podría torturarnos y hasta matarnos y los tribunales federales no nos
ampararían.”
En su opinión disidente, el juez Guido Calabresi
afirmó: “Cuando se escriban los anales de este distinguido tribunal, la
decisión mayoritaria adoptada hoy será evaluada con pesar.”
Considerando
los tormentos que sufrió Arar, es admirable la calma con la que ha
recibido la decisión. “Por sobre todo, esta decisión significa una
pérdida para todos los ciudadanos y para el estado de derecho,” dijo
Arar.
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Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta
columna.
© 2009 Amy Goodman
Amy
Goodman es la presentadora de “Democracy Now!”, un noticiero
internacional diario de una hora que se emite en más de 550 emisoras de
radio y televisión en inglés y en 200 emisoras en español. Es coautora
del libro “Standing Up to the Madness: Ordinary Heroes in Extraordinary
Times,” recientemente publicado en edición de bolsillo.